DIVERSUM MEXICO

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lunes, 16 de septiembre de 2013

Entra en vigor el Convenio 189 en beneficio del trabajo doméstico

Entra en vigor el Convenio 189 en beneficio del trabajo doméstico


http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6938


  • El objetivo es dotar de derechos a quienes desempeñan esta actividad
  • Redacción NotieSe
    México DF, septiembre 09 de 2013.
    La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó de la entrada en vigor del Convenio 189, con el que se busca mejorar las condiciones de vida de más de 50 millones de personas que ejercen el trabajo doméstico en el mundo.
    El Convenio 189 fue aprobado en junio de 2011, y necesitaba la ratificación de dos Estados miembros de la OIT para entrar en vigor. Hoy ocho países ya lo han ratificado: Bolivia, Mauricio, Nicaragua, Paraguay, Filipinas, Sudáfrica, Italia y Uruguay.
    Con la entrada en vigor de este convenio se busca que las y los trabajadores domésticos cuenten con derechos como las jornadas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, información clara sobre las condiciones del empleo, la cobertura básica de seguridad social y el respeto de sus derechos laborales fundamentales.
    La OIT considera que el trabajo doméstico sin reglas laborales claras y en condiciones muchas veces deplorables, puede propiciar que las personas sean sujetas a explotación y abusos en sus derechos humanos.
    De acuerdo con la OIT, en el mundo hay más de 53 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico, de las cuales, sólo un 10 por ciento goza de reconocimiento laboral, y más de una cuarta parte es excluida de la legislación laboral de sus países.
    En México, existen poco más de dos millones de personas que se dedican al trabajo doméstico. Nueve de cada 10, son mujeres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía al cuarto trimestre del 2010.
    Un 60 por ciento pertenece a un estrato socioeconómico medio-bajo y el 64 por ciento tiene apenas una instrucción primaria o inferior. En 2005, se calculaba que el 11.8 por ciento de las trabajadoras del hogar que viven en los lugares donde prestan sus servicios, eran mujeres indígenas.
    Mediante un comunicado, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), apuntó que Venezuela, Bahrein, Filipinas, Tailandia, España y Singapur han aprobado legislación o regulaciones para respetar los derechos laborales y sociales del trabajo doméstico. A ello se suman, Finlandia, Namibia, Chile y Estados Unidos.
    Costa Rica y Alemania iniciaron además el proceso de ratificación del Convenio. México se encuentra en proceso de revisión para la posible ratificación del Acuerdo.
    El Conapred señaló que la entrada en vigor del Convenio 189 de la OIT es un instrumento positivo mediante el cual quienes se dedican al trabajo del hogar podrán demandar y ejercer sus derechos laborales y sociales, y evitar así la discriminación y violación a sus derechos humanos.
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    Anodis :: México busca ser un destino favorito para el matrimonio igualitario

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    Impulsarán cambios en legislación sobre seguridad social

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    http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6949
  • Otorgar este derecho a parejas del mismo sexo, el objetivo
  • ALDF y organizaciones civiles trabajarán protocolo de salud para personas trans.
  • Iris Velázquez
    México DF, septiembre 12 de 2013.
    El diputado Rodolfo Ondarza Rovira, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aseguró que en los próximos días presentará al Congreso de la Unión dos puntos de acuerdo para modificar las leyes en materia de seguridad social a fin de garantizar a personas y parejas no heterosexuales, el acceso a este derecho y a los servicios de salud sexual y reproductiva.
    De esta manera, Ondarza Rovira, del Partido del Trabajo, exhortará a los legisladores federales a reformar las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para otorgar a las familias homoparentales de todo el país el derecho a la seguridad social.
    En conferencia de prensa, el diputado local destacó que a partir de 2009 –año en que se reconoció legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal-, se han registrado más de cinco mil parejas homosexuales, varias de ellas de diversas partes del país. Lamentó que la mayoría de éstas no cuenten con todos los beneficios que la ley brinda, como el acceso a la seguridad social.
    Puntualizó que las parejas gays, lésbicas y transgénero que actualmente gozan de seguridad social, lo han conseguido mediante juicios de amparo. Enfatizó que la negación a este derecho es una violación a las garantías sociales incluidas en la Constitución.
    Ondarza Rovira informó que el segundo punto de acuerdo exhorta al Ejecutivo y a las secretarías de Salud y Educación federales, a cumplir con la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” firmada por el Estado mexicano en 2008 en vísperas de la XVII Conferencia Internacional Sobre el Sida, mediante la que se comprometió a otorgar a los y las jóvenes educación sexual integral, así como servicios de salud sexual y reproductiva.
    Señaló que en coordinación con diversas organizaciones, a las que invitó a participar, trabajará en la elaboración de un protocolo de salud específico para personas transgénero, puesto que se trata de un sector en situación de vulnerabilidad al no contar con servicios de salud integrales y gratuitos.
    Verónica Maldonado, representante de Asómate AC., destacó la necesidad de que la población lésbica acceda a servicios ginecológicos de calidad, así como a los de prevención y tratamiento de infección de transmisión sexual, pues aseguró que cuando declaran abiertamente su orientación sexual son tratadas de manera diferente.
    Agregó que debe legislarse en torno a la adopción de parejas constituidas por mujeres, pues aseguró existen “muchos” obstáculos para adoptar o registrar a los hijos, a pesar de que una de ellas sea la madre biológica. Denunció la falta de lugares para que lesbianas accedan a la reproducción asistida, procedimiento que además consideró caro.
    A su vez, Alfredo Pesquera, del Circuito de la Diversidad Sexual México, exhortó a las autoridades federales a escuchar las demandas del colectivo no heterosexual y a aplicar las reformas necesarias en el tema de salud sexual, a la vez que se sumó a las demandas de acceso a servicios de salud sin discriminación para personas VIH positivas.
    Finalmente, el activista Jaime López Vela, pidió que en el protocolo sobre personas trans, se prevea la atención integral de la salud desde la niñez para que los procesos psicológicos y médicos estén disponibles cuando deseen asumir su identidad de género.
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    miércoles, 26 de junio de 2013

    THE FAST AGAINST THE FIRINGS

    the fast against the firings
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    David Bacon Fotografias y Historias
    THE FAST AGAINST THE FIRINGS
    By David Bacon, (Photos by David Bacon. All rights reserved.) In These Times/Uprising website, Wednesday, June 19, 2013 http://inthesetimes.com/uprising/entry/15171/the_fast_against_the_firings/ OAKLAND, CALIF.--Even though the full Senate is debating the immigration reform bill S. 744, labor and community activists in northern California charge that the Immigration and Customs Enforcement (ICE) agency of the federal Department of Homeland Security continues to require local employers to fire hundreds of workers, saying they have no immigration papers. In protest, dozens of Bay Area immigrant workers and their supporters went without food last week in a 72-hour hunger strike to draw attention to hundreds of these firings. Fasters in Cesar Chavez Park in San Jose. The Obama administration, which strongly supports S. 744, calls the proposal "commonsense immigration reform." The fasters charged, however, there is no common sense in firing workers while Congress debates the bill. The bill's supporters tout the provisional legal status it would give some undocumented workers, like those currently being fired. But workers who are now losing their jobs in these workplace enforcement actions will not be rehired even if thebill passes, critics charge. Further, the job losses will push fired workers into poverty, below the income requirement that the bill imposes to qualify for legalization. Taking the hunger strike to Oakland's Federal Building. These firings are often called "silent raids." Under the Bush and Clinton administrations, immigration agents dressed in black uniforms and carrying high powered weapons invaded factories and workplaces, rounding up undocumented workers in heavily publicized raids. The "silent raids," in contrast, are not publicized at all. Instead of agents with guns, immigration agents force employers to fire workers. If people without papers can't work, the rationale goes, they will simply leave the country or somehow disappear. The fasters sought to make the victims of these "silent raids" visible and to express their moral outrage over the federal government's tactic. Rev. Dr. Phil Lawson, Pastor Emeritus of Easter Hill United Methodist Church and leader of the Black Alliance for Just Immigration, one of the fasters, declared, "These families have done nothing wrong. They're being punished for working, which is what people in our community are supposed to do. We will not allow these workers to be treated as though they are invisible. Being terminated because of immigration status is a violation of their human and civil rights." Fasters sleep on the sidewalk. The firings, or "silent raids," are intended to enforce a provision of the Immigration Reform and Control Act of 1986 called "employer sanctions." That act makes it illegal for an employer to hire a worker who has no legal immigration status, and makes it illegal for undocumented workers to have a job. In theory, this law penalizes the employer for hiring them (the "sanctions"), and penalizes workers by requiring the employer to fire them. In reality its effect is to make it illegal for an undocumented worker to work. Employers dependent on immigrant labor treat the possibility of violations and fines as a cost of doing business. Most employers receive no penalty, while thousand of workers lose their jobs and their families and communities suffer the hardships. Employers who cooperate in firing their own workers are given immunity by ICE, and escape any fines or punishment for violating the law. Since 1986, every job applicant in the U.S. must fill out an I-9 form declaring her or his immigration status. In an I-9 audit, ICE makes a detailed examination of those personnel records, especially Social Security numbers, and then gives the employer a list of workers it says are undocumented, ordering the employer to fire them. Monsignor Antonio Valdivia, a retired pastor in the Oakland diocese, calls on the government to stop the firings. In addition to protesting the ongoing firings, the fasters object to a provision in the new immigration bill. Currently, federal law specifies that only certain employers, such as some federal contractors, have to immediately report the information on the I-9 form of each potential hire to ICE for comparison with E-Verify, an enormous database of Social Security numbers, visa information and other personal data. (Any employer can be subject as well to the after-the-fact I-9 audits.) But Senate bill S. 744 would make E-Verify mandatory for all U.S. employers. That would turn the current wave of firings, which today encompasses thousands of workers, into a flood that could easily affect millions. The hunger strikers, therefore, had two demands. They demanded that ICE stop forcing employers to fire workers, whether or not the bill passes. And it called on Senators and Congress members to reject the inclusion of mandatory use of E-Verify in any immigration reform legislation. Fasters arrive at Mi Pueblo Market in Oakland.  The Obama administration has increased immigration enforcement in the workplace drastically from the Bush and Clinton eras. In the last two years alone, thousands of janitors have been fired in Minneapolis, Seattle and San Francisco, thousands of garment workers in Los Angeles, hundreds at Chipotle fast food restaurants and Target stores, and many many more. Among the many Bay Area firms where firings have taken place recently are Mi Pueblo Markets (hundreds fired), Pacific Steel (214 workers fired), Waste Management (three workers fired) and ABM (475 workers fired). In just the last few months, ICE has enforced the firing of 125 workers at the DoBake industrial bakery in Oakland, and over 200 at Joseph Albanese Construction in Santa Clara. Another faster, Gerardo Dominguez, organizing director of Local 5 of the United Food and Commercial Workers, calls the firings "an economic disaster for the Bay Area. These workers pay taxes that support local schools and services.  Being terminated because of immigration status is a violation of their human and civil rights. Their families and our entire community will be harmed, and inequality and poverty will increase." The fasters asked local elected officials to intervene with Homeland Security Secretary Janet Napolitano, and ask her to halt the actions. A worker from the DoBake industrial bakery describes being fired as fasters prepare to end the hunger strike. One worker from the DoBake industrial bakery is in her 60s and worked 16 years at the bakery earning minimum wage. She now faces loss of her health insurance, which covered expensive high blood pressure medications.  Another worker fired at Waste Management Inc. says, "I'm a good worker and I did a very dirty job. I'm not young, and I won't be able to find another one. People depend on me. What are we going to do?" Because the firings are taking place throughout the Bay Area, the fast moved to different symbolic locations. It began with a rally in Cesar Chavez Park in the heart of downtown San Jose. The south bay was a focus because of the recent audit and firing of workers at Albanese Construction, headquartered in Silicon Valley. The firm is one of the Bay Area's largest construction companies, and its employees are all union members. At San Jose's Federal Building.  Richard Konda, executive director of the Asian Law Alliance in San Jose, called on ICE "to exercise commonsense judgment now and stop their enforcement that has resulted in hundreds of workers being fired. It makes no sense for these workers to lose their jobs now, with immigration reform on the horizon." Konda called on Congress "to repeal employers sanctions that were part of IRCA, abolish the I-9 form and end any and all E-Verify programs. Employers should not be junior immigration inspectors," he said. From the park, fasters marched to the San Jose Federal Building. They heard a statement from Congressman Mike Honda supporting them for "standing up for the civil rights of our laborers and in opposing the unfair and unjust 'silent raids' occurring throughout our region." Honda announced his opposition to a provision of the proposed Senate immigration reform bill S. 744, which would make it mandatory for all employers to use the E-Verify system to detect workers with no papers. "Time and again," he said, "we see Americans, both documented and undocumented, treated like second-class citizens by the flawed E-Verify system. Not only do our businesses suffer from having to submit to these 'silent raids,' but hundreds of thousands of livelihoods are ruined, families are split apart, and local economies are hurt badly." Monsignor Antonio Valdivia and other faith leaders ask the manager of Mi Pueblo Market to stop the firings. The following day fasters moved to east Oakland, where they set up tents on the sidewalk surrounding the parking lot of the largest store in the Mi Pueblo supermarket chain. A year ago unions and community organizations protested the use of the E-Verify immigration screening system by the Mexican markets, and accused the owner of using immigration enforcement to terrorize workers during their effort to organize a union in the stores. Workers have been trying to join Local 5 of the United Food and Commercial Workers Union for the past two years, in a bitter campaign. This April, Mi Pueblo confirmed that it was being audited by ICE and would have to fire an undisclosed number of employees. Some community and labor activists estimate that, given the chain's many markets, the firings could encompass hundreds of workers. As fasters gathered in front of the store, a group of religious leaders met with the manager to demand that the firings stop, and that the company respect the rights of its workers. They were not given any answer. Then fasters marched through the parking lot behind the Liberation Brass Orchestra, and were later joined by an Aztec dance troupe. Aztec dancers in the Mi Pueblo Market parking lot. The last day of the fast was held in front of the Oakland Federal Building, with the support of both the South Bay and Alameda Labor Councils and many local unions. Representatives of Congresswoman Barbara Lee and Congressman Eric Swalwell both declared their support of the hunger strike's objectives. As the hungry participants shared loaves of bread to break their fast, they acknowledged that a long fight would be needed to get the government to end the firings, whether or not Congress passes an immigration reform bill. "But this is just the beginning," predicted Fred Pecker, secretary treasurer of Local 6 of the International Longshore and Warehouse Union. In April a similar fast was organized in San Diego to support workers fired in an audit at the Mission Valley Hilton Hotel. "We are extremely worried," emphasized Rev. Deborah Lee of the Interfaith Coalition for Immigrant Rights. "Congress is pushing a reform bill poised to make matters worse," she warned. "The bill will make the employment verification program, E-Verify, mandatory for all employers, and the firings we're seeing now will become much more widespread. Our elected representatives must tell ICE and Congress to end these firings and take the mandatory use of E-Verify out of the immigration bill. We must stop making it a crime to work in this country." Fasters sing as they get ready to spend the night in downtown Oakland.
    Coming in 2013 from Beacon Press:
    THE RIGHT TO STAY HOME:  Ending Forced Migration and the Criminalization of Immigrants
    DISPLACED, UNEQUAL AND CRIMINALIZED - A Report for the Rosa Luxemburg Foundation on the political economy of immigration
    http://www.rosalux-nyc.org/displaced-unequal-and-criminalized/
    David Bacon Discusses Worker Safety Amid Tragedy in Bangladesh Factory -
    CCTV America
    http://www.youtube.com/watch?v=F0bwqU3ZED4&feature=youtu.be

    Radio interview with Leticia Nava, fired Hilton worker, and Sara Garcia, Casa de Vecinos Organizados, about the impact of E-Verify firings and immigration reform
    http://www.kpfa.org/archive/id/90718

    With Solange Echevarria of KWMR about growers push for guest worker programs. Advance to 88 minutes for the interview.
    http://kwmr.org/blog/show/4156
    See also Illegal People -- How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants  (Beacon Press, 2008)
    Recipient: C.L.R. James Award, best book of 2007-2008
    http://www.beacon.org/productdetails.cfm?PC=2002

    See also the photodocumentary on indigenous migration to the US
    Communities Without Borders (Cornell University/ILR Press, 2006)
    http://www.cornellpress.cornell.edu/cup_detail.taf?ti_id=4575

    sábado, 8 de junio de 2013

    EL COBRO DE LA DEUDA EXTRAJUDICIALMENTE


    SOBRE EL COBRO DE LA DEUDA EXTRAJUDICIALMENTE

    Por Enrique Adar

    Al enfrentar un problema de mora en el pago de deuda ante instituciones financieras no se deberá huir de la situación, por el contrario hay que hacerle frente, pero con herramientas y argumentos, recordemos que la cobranza no es un servicio financiero, ya que cuando no se paga la obligación que contrajo se genera un derecho de la institución bancaria para cobrar, es decir, los bancos tienen derecho a recuperar su capital, el problema lo generan los cobradores, ya que sus políticas son agresivas frente a los deudores

    Un despacho de cobranza no es más que un intermediario entre el banco o el acreedor y su función es recuperar la cartera vencida de un tercero. Sin embargo, por ley las entidades y los despachos de cobranza no podrán recurrir a la violencia física, psicológica y moral para forzar un pago. Es durante los primeros tres meses en que las instituciones financieras harán una cobranza directa y después pasarán la cartera a manos de los despachos. Es ahí donde se viola el derecho a la privacidad de todos los mexicanos, sin embargo,  no porque deje de pagar sus cuentas perderá sus derechos constitucionales.

    Los despachos jurídicos o de cobranza extrajudicial le mienten a las personas para generarles presión y paguen su deuda, pero eso trae como consecuencia que los deudores cambien de residencia o de teléfono. Por lo que, ante la presión los deudores no deben empezar a vender sus bienes para liquidar sus cuentas, a fin de evitar más problemas financieros. Los despachos extrajudiciales tienen trabajando a personas que muchas veces son pasantes en derecho, llamados cobradores, que  con tal de llevarse una comisión hacen promesas de descuentos que no existen. Algunos despachos le podrán mandar publicidad engañosa con la intención de generarle presión para que liquide su adeudo, sin embargo no debe de ceder a esta presión.

    Hace unos días, se aprobó en el Senado una iniciativa que busca poner freno a los despachos de cobranza, por lo que de avalarse en la Cámara de Diputados, las empresas que incumplan con la legislación se harán acreedoras a multas de hasta 320 mil pesos.

    En caso de que su situación no le permita liquidar en un solo pago, no se endeude más, "hacer un hoyo para tapar otro nunca es la respuesta de sus problemas". Deberá comenzar con un plan de austeridad y si su situación económica es "grave", tendrá que dejar de gastar en cosas innecesarias y ahorrar.

    Cuando los despachos comienzan a salirse de la línea y originan acciones indebidas,  los bancos tienen reglas estrictas en sus requerimientos, ellos indican a los despachos cómo actuar, es por esto que las instituciones financieras son las responsables de este tipo de acciones contra la población y los deudores pueden acudir a la CONDUSEF(La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), ya que bajo ninguna circunstancia, los cobradores tienen el poder legal de embargarle nada a nadie, no son una autoridad, "el embargo lo emite un juez" y debe ser notificado por un actuario, y el deudor  tampoco podrá ir a la cárcel ya que el deber dinero no es un delito

    Los despachos jurídicos y sus cobradores no pueden cometer allanamiento de morada, por lo que no debe permitírseles el ingreso a casa del deudor  sin permiso para cobrarle y mucho menos embargar pues no son autoridad, en todo caso hablar al MP y denunciarlos por el delito de allanamiento de morada y usurpación de profesiones y ostentar un cargo de autoridad.

    En cambio los bancos sí pueden demandar a las personas por deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales, aunque esto no se da con regularidad ya que es un proceso caro. En cuanto a despachos de recuperación de cartera, o de cobro extrajudicial los hay buenos, regulares y malos. Los despachos de cobranza son empresas no reguladas, que no se apegan a su código de ética, nadie puede multarlos, pero si se puede denunciar ante el MP.

    En caso de que decida llegar a un acuerdo con los despachos de cobranza le deberán ayudar a buscar una solución a su problema, para que juntos encuentren el convenio sin que esto afecte su economía. También, deberán respetar los acuerdos y proporcionarle toda la información relacionada con su saldo deudor, en la que se incluye número de tarjeta, el plazo de vencimiento, saldo y descuentos. Una vez realizado el pago, "exija al despacho su recibo y finiquito correspondiente".

    Si recibe una llamada de un despacho, pídale que se identifique, en caso de lograr un acuerdo con el cobrador, solicite un convenio firmado por ambas partes, recuerde que los despachos tienen prohibido hablar con un lenguaje obsceno, no pueden simular que son autoridades judiciales ni amenazar con el embargo, Si es víctima de abusos, presente una queja ante la Condusef, es recomendable acudir a las Unidades de Atención Especializadas de los bancos si busca llegar a un arreglo de pago.

    Si usted es víctima de abuso, intimidación molestia, amenazas, malos modos, pretensiones de embargo, allanamiento de morada u otros  por parte de algún despacho de cobranza, debe presentar su queja ante la Condusef, se recomienda si es posible recomendó grabar una conversación en la que se demuestre la agresión., pedir el nombre del cobrador y si se ostenta como abogado pedirle el número de su cédula, número de reporte, anotar la hora y la fecha de las cobranzas, el teléfono y la extensión, así como el nombre del despacho y guardar las cartas que envíen solicitando el pago que pueden servir como prueba.


    Recordemos que existe un  código de ética que firmaron hace unos años los bancos y la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, en el que se establece, por ejemplo que no pueden cobrarle a niños o personas de la tercera edad. Tampoco pueden amenazar e insultar y tienen un horario de llamadas, deben identificarse plenamente y, en su caso, señalar la institución financiera a quien representa.

    Sin embargo no hay que olvidar y echar un vistazo a la reforma financiera que eta proponiendo Peña nieto, pues se busca liberar y aumentar el crédito, pero también  se busca fomentar una cultura del pago entre los usuarios del sistema financiero.

    Por lo general, al celebrar un contrato de crédito, las partes que en él intervienen esperan que la otra parte cumpla de manera puntual y voluntaria con las obligaciones adquiridas. Únicamente ante un escenario de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, la parte afectada tendrá que considerar la ejecución forzosa de la obligación incumplida. Por ello, la iniciativa incorpora modificaciones al Código de Comercio a efecto de fortalecer los procesos mercantiles, con el propósito de facilitar el cobro de créditos como la ejecución de garantías en casos de incumplimientos.  Los cambios que se proponen en tres ejes específicos: ajuste para mejorar la celeridad y la seguridad jurídica en los juicios mercantiles; reorganización de los mecanismos de aseguramiento de bienes, y mejorar al juicio ejecutivo mercantil.

    El nuevo marco legal planteado busca dar mayor certeza jurídica para, entre otros, desalentar la cultura del "no pago" de algunos deudores (mediante la adjudicación expedita de garantías de pago), y así estimular la colocación de más créditos a tasas más bajas para la mayoría de los acreditados cumplidos.

    Se plantean nuevas atribuciones a las autoridades financieras para que evalúen a los bancos, para que efectivamente cumplan con el objetivo de una intermediación con mayores beneficios para los acreditados. Se promueve también una participación más activa de la banca de desarrollo, como banca de segundo piso, mediante el otorgamiento de garantías para respaldar los créditos de la banca comercial (en forma complementaria para compartir los riesgos) para financiar la inversión productiva de las pymes.

    El caso de las tarjetas de crédito

    Es muy fácil el que un promotor le ofrezca una tarjeta de crédito mencionándole que el trámite tardará minutos y a cambio obtendrá múltiples beneficios con sólo presentar una identificación oficial, tenga cuidado, aceptar una tarjeta sin analizar su capacidad de pago podría descapitalizarlo y enfrentar problemas de sobre endeudamiento por las altas comisiones y anualidades que algunos plásticos cobran, aseguran expertos.

    Elegir una tarjeta de crédito no es fácil, para algunos es su primer financiamiento, y el no hacer un buen uso de este crédito podrá afectar su historial crediticio y le cerrará la puerta a futuros préstamos bancarios o de instituciones financieras, una tarjeta de crédito es un producto financiero importante que opera en casi todo el país, si decidió elegir una tarjeta busque una que se ajuste a sus necesidades y capacidad de pago. Este instrumento financiero al utilizarlo podrá traerle ventajas, sin embargo, si no lo conoce y acepta cualquier tarjeta podría salirle muy caro


    Una tarjeta de crédito es el principal instrumento de consumo para muchos mexicanos, las tarjetas clásicas tienen una tasa de interés promedio anual que oscila entre 21% hasta 61.3%, de acuerdo con el organismo el límite de crédito de estos plásticos es de 28 mil pesos, y el saldo promedio por tarjetahabiente es de 10 mil 800 pesos


    No deberá precipitarse en sus decisiones y aceptar plásticos sin antes verificar condiciones del contrato, en que para contratar un plástico se debe evaluar nivel de ingreso, edad y hábitos de consumo. Antes de elegir una tarjeta de crédito deberá cuestionarse: ¿para qué utilizará la tarjeta de crédito?


    La recomendación es no tener más de dos tarjetas de crédito, de lo contrario enfrentará problemas de sobre endeudamiento porque perdería el control de sus pagos. Una tarjeta "clásica", es un plástico que le puede servir para solventar en un momento una emergencia, recuerde que la tasa de interés y anualidad deberá ser baja. Dentro de los términos que deberá evaluar antes de contratar una tarjeta de crédito tendrá que analizar el Costo Anual Total, esto le ayudará para comparar el producto de un banco a otro.

    Otro aspecto que deberá evaluar antes de optar por una tarjeta es lo referente a su línea de crédito, recuerde que el banco determinará su capacidad de pago, así le otorgará el monto final.

    En este sentido la dependencia reiteró que deberá considerar su nivel de ingreso para poder identificar el tipo de producto que podrá tener, también le servirá para delimitar su línea de crédito sin perder el control de sus finanzas. Es conveniente no destinar más de 30% de sus ingresos al pago de deudas, y evaluar además de sus ingresos otras deudas y compromisos a los que ya tenga acceso.


    Para incrementar su línea de crédito a través del tiempo deberá ser un cliente que liquide el total de sus compras mes con mes para no generar intereses. Recuerde que el primer contacto de las personas con los préstamos nace desde una tarjeta de crédito y desde ese momento comienzan a generar un historial crediticio. Para tener el control de su tarjeta de crédito deberá conocer su fecha de corte y fecha límite de pago, ya que a partir del corte contará con 45 días para liquidar el total de sus compras y no generar intereses. Si no puede pagar el total de sus compras y puede pagar solo el mínimo  ser recomienda abonar dos veces más el monto requerido, ya que los intereses se calculan a diario y podrán convertirse en una bola de nieve que no tendrá fin. Intente pagar antes de su fecha límite de pago, mínimo tres días de anticipación así disminuirá intereses

    El error que cometen las personas al elegir una tarjeta de crédito, se basa en no analizar lo que adquieren, se dejan llevar y no leen las letras chiquitas de su contrato de apertura de crédito;  los usuarios de tarjetas de crédito deben  verificar antes de contratar si existen o no costos y comisiones, y tener cuidado ya que algunos bancos aplican una penalización por no usar su plástico con regularidad. Recuerde y nunca olvide que una tarjeta de crédito no es una extensión de su salario, es solo un medio de pago, mediante un financiamiento y con el cobro de intereses.

    LETRA DE CAMBIO


    LETRA DE CAMBIO

    por Enrique Adar Guadarrama Zea
    CONCEPTO

    La letra de cambio es un documento literal que contiene la orden incondicional de pago dada por una persona llamada girador a otra llamada girado, para que pague a la orden de un tercero, llamado beneficiario, cierta cantidad de dinero en la fecha y el lugar señalados en el documento.

    ELEMENTOS DE LA LETRA DE CAMBIO

    Elementos personales esenciales:

    1.      Girador.- es el creador de la letra de cambio(es quien da la orden)

    2.      Girado.- es el sujeto pasivo(deudor principal)

    3.      Beneficiario.- (tomador) es el acreedor en la letra de cambio inicialmente, es el legitimado, aunque después, en virtud del endoso, el endosatario se convierte en beneficiario.

    Otros elementos personales accidentales:

    1.      Avalistas

    2.      Endosantes

    3.      Endosatarios

    4.      Recomendatarios

    5.      Domiciliarios

    REQUISITOS DE LA LETRA DE CAMBIO

    1.      La mención de ser letra de cambio inserta en el texto del documento.

    2.      La expresión del lugar, día, mes y año en que se suscribe.

    3.      La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero

    4.      El nombre del girado

    5.      El lugar y la fecha de pago

    6.      El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago(beneficiario)

    7.      La firma del girado o de la persona que se suscriba a su ruego o en su nombre.

    LA MENCIÓN DE SER LETRA DE CAMBIO INSERTA EN EL TEXTO DEL DOCUMENTO. Es la fórmula sacramental considerada por el art. 76 de la LTOC, donde no cabe equivalente de tal expresión dejando muy marcadamente la cláusula cambiaria, la que debe constar en el texto del título para distinguirla de los demás documentos.

    LA EXPRESIÓN DEL LUGAR, DÍA, MES Y AÑO EN QUE SE SUSCRIBE. Se refiere a la designación del lugar en que se gira la letra de cambio; para os efectos legales habrá de considerarse el anotado en el documento. La fecha de emisión del título (día, mes, año) puede determinar, entre otras cuestiones, la capacidad del girado en un determinado momento.

    LA ORDEN INCONDICIONAL AL GIRADO DE PAGAR UNA SUMA DETERMINADA DE DINERO. Esta orden no puede subordinarse a condición alguna. La letra de cambio siempre consistirá en la obligación de pago en numerario, nunca en especie, además de ser una cantidad determinada.

    EL NOMBRE DEL GIRADO. Recibe el nombre del girado la persona a quien ha dado la orden de pagar; y cuando ésta ha firmado ya, cuando expresamente ha aceptado la obligación, recibe el nombre de aceptante; es un requisito esencial que no puede faltar (el girador puede girar a su propio cargo, teniendo la doble calidad de girador y girado, más conforme al artículo 82 de la LTOC, debe pagarse en lugar distinto a aquel en el que se gire.

    EL LUGAR Y LA FECHA DE PAGO. Esto significa, dónde y cuándo deberá pagarse el documento. Si no se indica el lugar de pago, la ley supone que se trata del domicilio del girado. Esto no es un requisito esencial (artículo 77 de la LTOC), en virtud de la presunción legal. En cuanto a la época, se entiende el momento en que se haga exigible el título. El artículo 79 de la LTOC menciona las cuatro formas de vencimiento:

    a)      A la vista

    b)      A cierto tiempo vista

    c)      A cierto tiempo fecha

    d)      A día fijo

    Vencimiento a la vista: Así deberá quedar expresado el vencimiento del documento; esto significa que el girado deberá pagar la letra precisamente a su presentación, en cualquier día hábil y dentro del plazo legal de seis meses, salvo plazo más corto convenido entre las partes (artículo 128 de la LTOC), pero nunca antes de 24 horas.

    Vencimiento a cierto tiempo vista: Aquí el documento tiene que presentarse al girado para que lo acepte y, a partir del día siguiente a su presentación, se hará efectivo, según los días señalados como plazo fijo (ejemplo: 15 días vista)

    Vencimiento a cierto tiempo fecha: El pago debe ser hecho el día fijado como término de plazo señalado, que empieza a contarse al día siguiente  la fecha del documento; es decir, no debe contarse el día que sirviera de punto de partida.

    Vencimiento a día fijo: el señalamiento de un día exacto para el cumplimiento de la obligación quedará sujeto a que este día no se inhábil, por lo que, en tal caso, se prorrogará al día hábil más próximo; algo diferente sucede con los días inhábiles intermedios: éstos son días naturales y sí cuentan. Si no se consigna la fecha de vencimiento, se presume que ésta es pagada a la vista (artículos 79 y 127 de la LTOC).
     
    NOTA: una letra de cambio no tiene que necesariamente ser completada en un formato ya impreso, comúnmente llamado “machote” sino en cualquier forma manuscrita o en una máquina de escribir mientras cumpla con los requisitos que ordena la ley.

    BIBLIOGRAFIA

    DERECHO MERCANTIL, Francisco Ignacio Quevedo Coronado, Pearson/Prentice Hall, Tercera Edición, México, 2008, PP. 139-142.

    EL EMPRÉSTITO


    EL EMPRÉSTITO
     
    POR ENRIQUE ADAR GUADARRAMA ZEA
    Es la deuda que se documenta mediante títulos valores negociables. Forma de financiación, por la que una empresa o entidad acude al mercado para solicitar un préstamo a un gran número de inversores. Para ello, divide la deuda en pequeñas participaciones (títulos-valores).

    Contratos de empréstito:

    Un contrato de empréstito es aquel a través del cual un órgano estatal recurre al financiamiento ya sea externo o interno para hacerse llegar ingresos que le van a servir para el financiamiento de una parte de sus actividades.

    Los empréstitos deben verse como un recurso extraordinario para el financiamiento del gasto estatal y nunca como un recurso ordinario es por lo tanto un ingreso financiero y no un ingreso tributario.

    Operación financiera que realiza el Estado o los entes públicos, normalmente mediante la emisión de títulos de crédito, para atender sus necesidades u obligaciones. Aplicase particularmente a los préstamos otorgados al Estado. Usualmente está representado mediante la emisión de bonos. Recursos de origen interno o externo que recibe el Gobierno Federal, los cuales se formalizan a través de contratos, certificados y documentos que amparan obligaciones derivadas del ejercicio presupuestario. Son obligaciones que la Nación contrae mediante la emisión de títulos de la deuda pública, cualquiera que sea la forma que se emplee para hacer tal emisión. Es el uso que una entidad de derecho público hace de un crédito otorgado, generándose con él una obligación de pago, por lo que es el acto intermedio entre el crédito y la deuda pública.

    Financiamiento por empréstitos

    El financiamiento crediticio constituye un instrumento de desarrollo en tanto contribuye a la ejecución de las obras y servicios encomendada al gobierno complementando sus recursos ordinarios. Es un medio de utilizar en el presente recursos futuros, de movilizar al momento sumas que de otro modo se reunirían sólo a los largo de varios años; a través de él se reciben anticipadamente recursos para satisfacer de forma inmediata necesidades cuya solución de otra forma tendría que ser aplazada en espera de fondos.12 Es una fuente sana de recursos siempre y cuando no se caiga en el círculo vicioso del endeudamiento.

    Debe recurrirse en primer lugar al apoyo ofrecido por otros niveles de gobierno, después a aquéllas fuentes de financiamiento

    cuyos intereses son menos agresivos:13 los proporcionados por la banca de fomento y desarrollo, que establece intereses moderados porque cuenta con fideicomisos creados ex profeso para apoyar a los municipios en sus actividades de desarrollo social.

    Asimismo, los estados cuentan con organismos públicos descentralizados, creados para otorgar créditos a los ayuntamientos para la realización de obras públicas de inversión recuperable y rentable, así como para la prestación de servicios de beneficio social igualmente recuperables, y también para otorgar garantías suficientes para convertir a los ayuntamientos en sujetos de financiamiento de la banca nacional.

    Cuando por la naturaleza de la necesidad que ha de satisfacerse no se tenga acceso a esos fondos, la misma banca de desarrollo puede otorgar créditos normales; si esto no es posible, no queda más remedio que recurrir a instituciones bancarias comerciales, a instituciones y empresas privadas, a ahorradores individuales, o a emitir y colocar bonos u obligaciones de deuda pública municipal.

    Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas ante la SHCP y su Cancelación:

    • Normatividad y Procedimiento para Efectuarlo
    • Inconveniencia de No Actualizarlo
    Por Mtro. César Bojórquez León

    En virtud del Artículo Noveno de la Ley de Coordinación Fiscal y el Reglamento de dicho Artículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, opera el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.

    En este trabajo se exponen los requisitos para registrar empréstitos, así como los procedimientos para cancelar los mismos.

    Consideramos que el tema es de importancia toda vez que mantener registrados los empréstitos ya liquidados puede provocar algunos inconvenientes para las Entidades Federativas y los Municipios. A continuación se expresa la normatividad y procedimiento del registro de obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios ante la SHCP, así como la problemática que se puede presentar de no actualizarlo.

    1.- Ley de Coordinación Fiscal

    El Artículo Noveno de la Ley de Coordinación Fiscal establece que:

    “Las participaciones que correspondan a las Entidades y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las Entidades o Municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas Entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.”

    Asimismo, en el último párrafo de dicho artículo puntualiza:

    “En el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de Entidades y Municipios.”

    2.- Reglamento al Artículo Noveno de la Ley de Coordinación Fiscal

    En reforma al artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995 se estableció, como se ha señalado, que corresponde a las Entidades y Municipios efectuar los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda.

    Por lo anterior, resultaba conveniente integrar un marco jurídico que complementara la citada reforma, a efecto de establecer que si bien la inscripción de las obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un requisito establecido por el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, la misma se realiza para efectos informativos, en virtud de la existencia de sistemas de registro y pago estatales, y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no tiene a su cargo la ejecución de las participaciones afectadas.

    De conformidad con el Artículo 3 de dicho Reglamento, en el Registro se inscribirán, en los términos de la Ley y de este Reglamento, para efectos declarativos, las obligaciones directas y las contingentes contraídas en apego a las disposiciones aplicables por los Estados, el Distrito Federal o los Municipios, por solicitud de los mismos, cuando las participaciones que a cada uno correspondan en ingresos federales hayan sido afectadas al pago de dichas obligaciones, conforme a lo establecido en sus leyes locales de deuda. La inscripción en el Registro, es independiente de aquella que se realice en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la entidad solicitante.

    Bibliografía

    LA DEUDA PÚBLICA, OPCIÓN DE FINANCIAMIENTO A NIVEL LOCAL; http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/101/art/art2.htm

    INDETEC, Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas ante la SHCP y su Cancelación; http://www.indetec.gob.mx/News/files/ArtRegistro.htm